Plataforma política independiente para la renegociación de los acuerdos de La Habana, suscritos entre el Gobierno Nacional de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Por: David Gregorio Rodríguez González, abogado de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Candidato a máster en Derecho Comercial Internacional y Especialista.

Dentro de las fuerzas políticas que se movilizaron con valentía y determinación para derrotar en el plebiscito nacional del 2 de octubre de 2016 en Colombia, hay numerosos movimientos políticos que no pertenecen al uribismo. Mediante ésta plataforma, esperamos poder reunir inquietudes y observaciones de relevancia que esperamos aporten a enriquecer los criterios mediante los cuales se llevará a cabo la renegociación de los Acuerdos de la Habana, imperativa ante el fracaso del gobierno en conseguir su aprobación por la mayoría del país. Si bien no consideramos prudente reiniciar las negociaciones en su totalidad, es importante tener en cuenta que algunos puntos inaceptables impidieron que el pueblo colombiano aprobara éstos acuerdos. Es necesario identificarlos y proponer alternativas.

1.       No acceso al Congreso a criminales de lesa humanidad. Estamos dispuestos a perdonar, pero no a dar participación política en el Congreso a gente como “Ivan Márquez”, que ha sido determinador (autor intelectual) de hechos inhumanos y grotescos como la masacre de “La Chinita” y el envenenamiento de acueductos en el Huila. Adicionalmente, son preocupantes sus vínculos con organizaciones terroristas internacionales, como ETA, la cual a su vez tiene estrecha relación con ISIS. Queremos un país en paz, y en nuestro Congreso, gente que sea moralmente capaz de representarlo, que no sea un estímulo a la delincuencia. Si aún nos indigna que Pablo Escobar se haya sentado en nuestra Cámara de Representantes, ¿por qué permitir ahora que éste tipo de personas lo hagan? ¿en qué son mejores? Si bien las FARC tienen todo el derecho, en virtud del acuerdo ya suscrito, de acceder a los escaños de representación política prometidos, éstos no deben ser ocupados por criminales de lesa humanidad. Las FARC han tenido desde hace décadas un ala intelectual supuestamente independiente al conflicto, con miembros como Alfonso Cano y Raúl Reyes (en algún momento). Es hora de que sus intelectuales los representen. Cada miembro debe demostrar su idoneidad para el efecto.

2.       Campamentos y Zonas de Concentración más pequeños y no en zonas de conflicto o zonas de frontera con países castrochavistas. Si bien las zonas de concentración son una iniciativa creativa para superar la resistencia presentado por las FARC para no recluirse, consideramos que han hecho de la negociación una oportunidad para fortalecerse en territorios donde otrora primaba el conflicto. Con la circulación y estadía irrestrictas en zonas compuestas de miles de hectáreas en el Putumayo (zona de producción cocalera) o en Tibú, en medio del Catatumbo (zona de frontera con Venezuela y punto estratégico de las rutas de narcotráfico no sólo para Colombia sino para toda la zona andina) no sólo se les premia con territorios que siempre han querido conquistar, sino que se abre una peligrosísima puerta para la proliferación del narcotráfico en la región. No necesariamente para evitar la encarcelación de las FARC, hay que entregar a los narcos la soberanía territorial de la nación colombiana.

3.       No a la legitimación del narcotráfico como delito político. Nunca hemos podido entender la razón por la cual se busca por las FARC que el narcotráfico sea asimilado a un delito político. Si habrá amnistías condicionales para los guerrilleros en virtud del acuerdo, y habrá penas menores para quienes digan la verdad, incluso para los responsables de los crímenes más graves, ¿cuál es la razón para vapulear de esa forma nuestro ordenamiento jurídico-penal de esa manera? El narcotráfico NO es un delito político, es una forma fraudulenta de lucrarse a expensas de la pobreza del campesinado de las zonas más necesitadas del país, y de la salud pública. El narcotráfico debe ser mantenido como un delito común, sujeto a una amnistía puntual en función de la presente coyuntura, pero NUNCA entendido como delito político a futuro.

4.       No al juzgamiento de las empresas víctimas de extorsión por sucumbir a la necesidad de obtener protección de la guerrilla. Si el principio de la amnistía pactada consiste en que no tiene sentido social ni práctico encarcelar a las FARC, y que no necesariamente deben someter su inmenso poder económico a la reparación de sus gravísimos crímenes para ser indultados, ¿por qué se busca que las empresas, que han sido víctimas también de la guerra, sí deban asumir cuantiosas penas económicas y sanciones que podrían comprometer gravemente su estabilidad? La empresa colombiana es frágil y ya está siendo ampliamente explotada tributariamente. Son la fuente de millones de empleos y por ende, de los recursos con los que se sostienen millones de familias. Compañías como Leonisa o Argos no deben ser obligadas a someterse a un tribunal cuya conformación no está clara y cuyos criterios de juzgamiento para éste tipo de actores están peligrosamente al garete; su calificación como responsables de financiamiento del terrorismo en manos de tecnicismos y voluntades políticas (determinante para el futuro y estabilidad de cualquier empresa frente al sistema financiero), es un riesgo insostenible para la economía de todo el país.

5.       No al Acto Legislativo 01 de 2016, mediante el cual se pretendía dar poderes plenipotenciarios a Santos. El mandatario no hará “lo que se le dé la gana”. Colombia es una de las democracias ejemplares de nuestra región. Si bien el abstencionismo electoral en ocasiones puede resultar preocupante, y es algo en lo que se debe trabajar, es importante entender que una democracia imperfecta siempre será mejor y más legítima que una dictadura perfecta. Las facultades de implementación de los acuerdos que el presidente Santos pretende recibir por seis meses (prorrogables por otros seis meses, con la mera manifestación unilateral de voluntad del mandatario) configuraban, entre otros elementos antidemocráticos, los siguientes:

a.       Reducción dramática de los requisitos para la aprobación de otros Actos Legislativos (Fast-Track para efectuar reformas constitucionales). Es imperante proteger la perdurabilidad del texto constitucional aprobado con la iniciativa estudiantil de la Séptima Papeleta, y redactado por los ilustres constituyentes del 91, quienes contaron con plena legitimidad, representando a la totalidad del pueblo colombiano.

b.      Prelación de las iniciativas originadas en el marco de los acuerdos de La Habana sobre otras que ya se encontraban en la agenda nacional, dejando al borde del fracaso proyectos de Ley como aquellos que incorporaban la reducción y congelamiento de los salarios de los congresistas, para acabar con la práctica del aumento de los salarios de los Senadores y Representantes en momentos en los que el Gobierno requiere aprobar determinado proyecto de Ley. El Estado democrático necesariamente debe respetar la División de poderes. 

c.       Facultades extraordinarias del Presidente para expedir decretos con fuerza de Ley. Cuando no hay ningún respeto por el Principio de Legalidad, el Estado de Derecho se encuentra en vilo.

Exigimos que la implementación de los acuerdos siga los procedimientos legales y respete las limitaciones normativas, tanto de forma como de fondo, que están provistos en nuestro ordenamiento jurídico para restringir las arbitrariedades del gobernante frente a su pueblo. Las tradiciones democráticas han sido producto de lucha y sacrificio a través de toda nuestra historia como Nación. No es sabio que, en virtud de una coyuntura política particular, renunciemos a nuestra calidad de República Democrática.

6.       Requisitos de reparación económica mínima para las víctimas por parte de las FARC, a cambio de no encarcelamiento y no extradición de líderes guerrilleros. La amnistía a los guerrilleros de las FARC es un mal necesario, para poder reintegrarlos a la vida civil. Sin embargo, el enriquecimiento a costa de los dineros adquiridos del secuestro y la extorsión, y la construcción de patrimonio político y económico a través del Lavado de Activos, son comportamientos inaceptables en una sociedad justa y equitativa. Las víctimas más pobres deben recibir los dineros que se recuperen de éste grupo, y deberá asumirse la reparación económica como un criterio absolutamente fundamental para la renegociación de los acuerdos de justicia. La reducción de la pena debe atender a la cantidad de dinero que puedan aportar y la información sobre activos que puedan proporcionar para indemnizar a quienes han sufrido las consecuencias más graves de sus ataques. Es absolutamente inaceptable que el convenio sea tan impreciso en cuanto a estos asuntos, cuando es una verdad a gritos que las FARC son uno de los grupos armados más ricos del mundo. Para dar algunos ejemplos, El exvicefiscal Jorge Perdomo mediante comunicado oficial el pasado 8 de julio de 2016 dio información sobre numerosos bienes y negocios de las FARC ubicados fuera del territorio nacional. El Subsecretario para narcóticos y exembajador de los Estados Unidos en Colombia, William Bromfield, también ha puesto a disposición fundamentados informes de inteligencia sobre la ubicación de reservas dinerarias de las FARC. La verdad que merecen las víctimas del conflicto, y el pueblo colombiano en general, incluye también la ubicación del dinero mal habido que nos ocultan, y que debe ser entregado en reparación como condición para el indulto a los cabecillas.